De la ley y la legitimidad ¿hay leyes ilegítimas?

El tema de la legitimidad se puede observar desde dos puntos de vista, uno psicológico-moral y el otro, derivado, legal.

Atendiendo al segundo aspecto, me parece que la palabra legitimidad es interpretada a la luz de la democracia, es decir, es reciente. Si acaso el antecedente de la idea actual sean los pensadores de la Revolución Francesa y el racionalismo o humanismo derivado de la época medieval. La discusión que se plantea en torno a la relación entre ley y legitimidad obedece a criterios de interpretación dentro de un marco democrático. Así, la legitimidad no es un problema a resolver en una oligarquía o en una monarquía absoluta. Salvo que estas formas de gobierno se quieran imponer en un marco ideológico-democrático.

Dentro del marco de la democracia, la legitimidad es la propiedad del orden jurídico-político de un Estado que representa los intereses, fines, circunstancias, valores de una nación, en sentido general -Constitución material-  y que es plasmada en una Constitución formal.

Obviamente que los fundamentos de la Constitución en su sentido formal han de ser los de la Constitución en su sentido material.

En la etapa de Independencia y, me atrevo a decirlo, la Reforma, el esquema que se imitó ideológicamente correspondía con la democracia, pero fácticamente no fue aplicable. Por lo tanto, la Constitución material no implicaba un ejercicio de democracia, por ello, la discusión de legitimidad se presenta solamente cuando un grupo constituyente, aunque sea una minoría, es aceptado paulatinamente por el pueblo. Dicha aceptación gradual es la que provoca que las leyes emitidas, ahora por un Congreso constituido, tengan la característica de legitimidad, pero en correspondencia con valores y teorías afines a lo que se llama “Democracia”.

Dentro de este orden de interpretación, sí puede haber leyes ilegitimas, como una expresión de contradicción con la democracia y el ius naturalismo (humanismo, en general.)

La ley ilegitima no tiene respaldo de la teoría democrática y del ius naturalismo, aún y cuando, en su formulación -proceso legislativo- tenga todas las características de ley, lo mismo sucede con las demás normas como: reglamentos, decretos, jurisprudencias, normas individualizadas, etc.

En resumen, la discusión sobre la relación entre la legitimidad y la ley se abre cuando pensamos democráticamente, caso contrario se cierra. Lo anterior, por tratarse de un concepto implicado en la democracia.

El tema de la legitimidad y la ley se debe de discutir analizando el segundo término en primer lugar desde el punto de vista del Derecho, y, siguiendo con el primer término como elemento ético o moral, previo e independiente, pero condicionante del segundo. Digo independiente, para que sea discutido con determinada autonomía y se pueda recurrir a los principios de la democracia, desde el germen filosófico-ético- moral. Porque si analizamos los dos términos suponiendo una relación forzosa entre ellos, no queda más remedio que hacer depender la solución de la ciencia del Derecho como expresión moral y circunstancial de un pueblo.

Así, desde el análisis del término legitimidad, o autoridad moral previa de la ley, en su faceta moral o ética (que no son lo mismo y sus caracteres deben de precisarse) se exige la aclaración cognitiva o metafísica en cuanto a la objetividad o subjetividad del valor y del conocimiento -o creación- del mismo. De hecho, la objetividad y subjetividad es una de los grandes problemas que, de inicio, trata la Ética.

Es necesario re-establecer la relación entre la razón, expresada y perfeccionada en la Lógica, con la legitimidad, y pensar ésta con las fuentes del Derecho en su sentido democrático. Lo anterior abarca de forma preponderante el aspecto formal lógico, es decir, la estructura, ilación, coherencia, etc., en los enunciados expresados en las normas jurídicas en unión con su fundamento real de justificación. Pero, lamentablemente, nuestros legisladores, -y sistema escolar- olvidan precisar los términos empleados en algunas de las leyes, dándoles un sentido y alcance inespecífico, aunque comprendo que si se exige como componente la aplicación de la Lógica Científica, sería esperar demasiado a quienes se mueven, en realidad, más por emoción que por precisión argumentativa, salvo excepciones. Entonces, lo más factible es que, por lo menos, las leyes y medianos argumentos se adecuen a la realidad de la sociedad, comprendiéndola como conjunción en unidad de la diversidad.

Entonces, considero que esta lógica formal se debe de complementar con la lógica material, pues el contenido se debe de analizar desde el punto de vista jurídico en las dos facetas: 1) coherencia interna de la proposición, que las conclusiones se desprendan válidamente de las premisas -sentido formal lógico- y 2) que el contenido de tales enunciados normativos se refiera, a mi entender, a la relación de fundamentación democrática de las fuentes del Derecho.

Así, complementamos un aspecto formal y material en el término legitimidad como componente deontológico de la ley por lo que, entonces, no bastaría un proceso legislativo intachable para presumir la legitimidad de una ley, si no viene acompañada del otro componente.

La legalidad sería la actitud democrática de asumir el papel de las leyes y de reclamar derechos inalienables cuando las mismas conculquen lo que la legitimidad reclamaría: derechos humanos, protección de la dignidad humana.

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