El derecho a la vida no es renunciable

En las noticias se ven ocasionalmente personas disidentes haciendo una “huelga de hambre” con el objetivo de tratar de presionar al régimen del mismo país para provocar una respuesta en torno a sus intenciones. En ocasiones, este tipo de noticias le dan la vuelta al mundo, dependiendo de la cobertura de los medios, de quién sea el “huelguista” y, por supuesto, quién sea el supuesto victimario. El problema, por lo regular, gira en torno a cuestiones político-económicas, sin embargo, sería conveniente revisar el otro lado de la moneda, es decir, la huelga de hambre, el fenómeno desde este lado independientemente de si tal palabra lo describe correctamente o no: “huelga”.

Sin prejuzgar sobre la bondad de las peticiones en sí mismas consideradas de un “huelguista” es decir, sin que la discusión que voy a resaltar tenga que ver con los objetivos o fines que a mediano o corto plazo, del cual depende del contexto y la resistencia humana-corporal, se fije un “disidente”, he de mencionar que no estoy de acuerdo en que para lograr buenos fines se tenga que utilizar como medio este tipo de acción.

La discusión se centra en cuestiones de ética-política, posteriormente se verá la relación que trataré de dilucidar in concreto. Empezaré con las siguientes preguntas: ¿La vida es un bien no disponible? Y si es así ¿en qué casos la vida lo es? Hay muchas variantes en la realidad y muchos puntos a discutir para tratar de dar respuesta a estas cuestiones, pero me enfocaré a lo primeramente criticado. Otras preguntas: ¿La jerarquía de valores es modificable en una democracia?, la democracia es una variante política, por lo tanto, en este tenor y como la institución por excelencia es el Estado y, además, como uno de sus órganos son los mal llamados “Poderes” ¿deben éstos de hacer valer la escala de valores?, ¿Puede un individuo modificar por sí mismo la escala de valores?, ¿Existen valores que se entrecrucen, es decir, de contenido individual y cuya iniciativa es de tal carácter y, por otro lado, aquellos de contenido social cuya potestad supere el ámbito citado?, ¿Existen un mínimo de presupuestos valorativos o un solo supuesto para hacer a partir de él una jerarquía de valores?.

Como he dicho anteriormente, tengo la capacidad de hacer preguntas, muchas preguntas, pero no prometo dar todas las respuestas.

Las preguntas que he planteado parece que se enfocan a una cuestión meramente teórica del problema que como tema del presente he propuesto, pero no, es al revés, precisamente lo teórico puede fundamentar un cambio en la realidad.

Entrando en materia, los datos que a simple vista y a través de los medios de comunicación son, citando a manera de ejemplo un caso que vi alguna vez en Cuba: la presencia en ese país de un disidente al régimen dictatorial expresándose a través de una “huelga de hambre”. ¿Qué es lo que nos sugiere esto a primera impresión? sin duda, lo que todos ya sabíamos, el gobierno cubano es represivo, represión propia de la ausencia de democracia y, por ende, de valores de tal índole pero, sin embargo, propicia para una dictadura. Todos ya sabíamos lo anterior, es decir, conocemos lo mínimo sobre el régimen mencionado y sobre las consecuencias que de facto se producían en él. ¿Por qué a sabiendas de que el gobierno es así el disidente se atrevió, junto con otros (as) a enfrentársele? La respuesta a esta pregunta es demasiado heroica y, por qué no decirlo, temeraria: “si no lo hacen ellos –los disidentes- entonces quién”, además algunos considerarían que es un acto de valor –valentía- aunque de esos que “juzgan” tal vez la mayoría ni siquiera se atrevería a cometerlo. Entonces, la manera de protestar contra el régimen es, entre otras cosas – como tapar las calles- haciendo una huelga de hambre. Una manifestación de protesta como la mencionada parece que, hasta cierto punto, le hacía cosquillas al régimen en comento. Él mismo se podía dar el lujo de, en la misma lógica dictatorial, dejarlo seguir adelante con su cometido hasta el punto de perder la vida.

Una dictadura no se finca, obviamente, en el respeto a la vida –y otras faltas de respeto- y ni mucho menos la de una persona tan “osada”. La presión que recibió el gobierno cubano es más bien de carácter internacional, esa sí es digna de tenérsele en cuenta sea la forma de gobierno que sea. La globalización no es, en estos términos, evadible. Entonces, ya dilucidado el carácter del gobierno, examinemos la posición del civil “huelguista” a la luz de lo social y de lo individual como dos aspectos de la realidad que, como todos lo vemos, confluyen.

En el aspecto social, inculcado a través de diversos medios incluido el familiar, el comunitario –medios de comunicación, escuela, etc.,- a las personas se les inyecta una determinada jerarquía de valores. Tal vez el valor más preciado para una buena parte de la sociedad es el de la “vida” vista como un ente que la porta y como valerosa individual y socialmente por sí o como simple depositaria de los valores, de alguna manera se le añaden. La naturaleza de “la vida” no lo voy a dilucidar en cuanto a su “ser” cosa que otros ya han hecho, sino por correlación con otro valor: la coherencia.

Supongamos que la sociedad, mayoritariamente hablando, reconoce como valor fundamental la vida y la consagra como derecho inalienable a tal grado que, en algunas Constituciones Fundamentales, han abolido la pena de muerte y hayan consignado expresamente el “derecho a la vida”, como por ejemplo en nuestro país –México- donde solamente se aplica el ejemplo dicho a la supresión de la pena capital. El panorama social exige coherencia, es decir, si bien a este nivel la exigencia de determinados valores que el sistema reconoce como, por ejemplo, los que se desprenden de la democracia –la participación es un buen ejemplo- entonces, si se reconoce ya tácitamente el “derecho a la vida” de tal forma que sólo se ve la exigencia “expresa” en los mencionados valores “democráticos”, por qué, entonces, no se ejerció determinada presión no solo para que el régimen cubano o cualquier otro régimen singular y parecido ya, de una vez por todas, respetara los derechos humanos y en particular la vida sino que también se exigiera que las personas, individualmente consideradas, respetaran también los citados valores. La jerarquía que suponen los valores de la democracia empieza por el valor principal: la vida. No se puede concebir una democracia donde no se respete este valor fundamental de tal forma que algún valor inferior, comparado con la vida, se proponga a través del medio humano ir en contravención del valor fundamental, por ejemplo, no se puede decir que un civil pueda fácilmente matar a otra persona justificándose en razones de participación contra la delincuencia porque, si no fue por “cumplimiento de un deber” o por “legítima defensa” y otras formas análogas, no hay, en los países –que me atrevo a decir que son casi todos- una legitimación válida que fundamente un comportamiento así. De tal forma que la vida es un bien no disponible, desprendiéndose esto de las mismas leyes. Entonces, ya habiendo cuestionado, como la mayoría ya lo ha hecho, al régimen cubano, ¿por qué se le permite a un “disidente”, a un civil, que atente contra su propia vida?, este es un caso de incoherencia donde en una sociedad que hace o trata de hacer con claridad una escala de valores en la cual “la vida” es la base y sustento de todos los demás, no muestra el más mínimo interés en preservarla sino que sigue el juego de interpretación sobre el del gobierno dictador y no se cuestiona sobre las pretensiones y medios del “huelguista”. Se trata de incoherencia por parte de quienes juzgan la situación, solamente fijándose en una parte de ella y no en la vulneración de un bien no disponible. No es plausible que, para pedir cosas calificadas socialmente como justas, se atente contra la propia vida. Si la vida ya es declarada en los países democráticos como un bien no disponible, por qué se le permite a un disidente quitarse a sí mismo la vida tergiversando la jerarquía de valores, es decir, se quita la vida poco a poco, esa es la amenaza, a cambio de otros valores pero que tienen, en comparación, otra valía inferior que la misma vida. Pide a cambio de quitarse paulatinamente la vida que se liberen reos políticos. ¿no es esto una incoherencia tolerada o, mejor dicho, indiferenciada –indiferencia: antivalor- que permiten algunas sociedades occidentales como medio para conseguir un fin? Acaso la famosa frase que se le atribuye a Maquiavelo pierde su sentido ético estatal para “ajustarse” a un sentido ético individualista.

Si la sociedad que se quiere construir tiene como pilar el valor ya tantas veces mencionado en consonancia con los valores de la democracia, principalmente el de la participación- la pregunta es ¿Qué tan participativa es una sociedad que permite que fácilmente a través de la iniciativa “libre” de una persona se vulnere el valor fundamental?

Lo que sucede es que la participación pierde el rumbo enfocándose preponderantemente a lo que tiene menos jerarquía, se interesa por lo político, no por lo vital. Parece que es una cuestión un tanto de pereza mental ya que lo político no requiere un conocimiento exhaustivo en el pueblo, no así lo vital o, mejor dicho, lo “metafísico” –que es más real que la misma “realidad-inventada” que requiere de reflexión constante. Luego, entonces, la sociedad no participa en lo que debería y se contenta con formular juicios sobre la “maldad” o “bondad” –en este caso del régimen citado-, categorías que lejos de ser de orden metafísico son tratados como conceptos cambiantes y consensuales, medibles y manipulables. Los juicios ejemplificados simulan una participación que legitima, dicho de alguna manera, el morbo que causan determinadas noticias.

En un Estado antidemocrático, dictatorial, obviamente no se puede esperar que de sus gobernantes e instituciones del momento un respeto por los derechos humanos, pero en un Estado que se considera a sí mismo como democrático-moderno es de considerar que la institución u órgano general en el que el Pueblo deposita su soberanía –a través de los mal llamados Poderes de la Unión, aquí en México por ejemplo- ejerza dicho poder para evitar un abuso en contra de él –pueblo- cuando una persona cometa un suicidio.

Sí, hay falta de coherencia cuando se pregona que se está a favor de la vida, calificando tácitamente el suicidio y hasta tapando las cifras para no (supuestamente) incitarlo, con la pretensión de una persona que la misma sociedad legitima para cometer un auténtico suicidio, caso a supra-líneas comentado. Es un suicidio, no hecho de manera espontánea como algunos pudiéramos entenderlo a la primera impresión, sino que es uno de tal forma que se va prolongando en el tiempo y si no se concluye, según la intención del que lo comete, entonces será una tentativa que repercute, eso sí, contra otro valor “por todos reconocido”, el de la salud.

Si, precisamente, el suicidio está prohibido, con mucha más razón el castigo es permitido en el caso de la tentativa. No se puede castigar a un suicida que ha consumado el acto, pero se puede castigar al que comete tentativa de suicidio. Entonces, por qué no se le castiga al huelguista si está cometiendo una tentativa que afecta en contra del valor fundamentante –por ende, a la sociedad- y, por de pronto a la salud. Si fuera el caso en un Estado democrático éste tendría la obligación, a mi juicio, de detenerlo e iniciarle un procedimiento jurídico para designarle un tutor y no premiarlo como si fuera un héroe.

Viéndolo desde el punto del pragmatismo hasta el suicidio es injustificado porque se le priva a la sociedad de todas “las bondades o utilidades” que esta persona puede darle y, a la vez, castigar la tentativa de suicidio previa asignación de un tutor no es una propuesta que pudiera desagradar al “pragmático” ya que, de todas maneras, si lo que se pretende con tales hechos es provocar un cambio en el sistema entonces se habrá llamado suficientemente la atención como para re-enfocar los reflectores hacia el asunto, dándole, por consecuencia, mayor importancia social.

Tal vez “justifican” los actos suicidas de este tipo a través de la intención del agente pero aquí sale a relucir, a ser desempolvada, la frase ética que se le atribuye a Maquiavelo: “El fin justifica los medios” ¿qué tan válida es dicha frase?. A propósito, tal frase, conviene recordar, se aplica exclusivamente a cuestiones de carácter político y concretamente en temas de supervivencia del Estado, casos en los cuales la seguridad estatal está tan comprometida que se debe de hacer “lo necesario” para afrontar tal o cual situación, sacrificando otros valores. El principio atribuido al pensador supra-citado es de por sí cuestionable aún y cuando se hable de cuestiones políticas; ahora, con mayor razón, si tal principio ético se quiere aplicar a una pura voluntad individual que tiene o, por lo menos, muestra “buenas intenciones” pero los medios para ejecutarlas sacrifican algo de más valía que aquello a lo que se dirige la intención final. Es sabido que la bondad de los fines no es retroactiva y aplique a los medios, no porque los primeros posean tal cualidad los segundos a fortiori la tengan. La bondad y la maldad, filosóficamente hablando –en el pensamiento clásico- tienen una naturaleza totalmente contraria.

La falta de coherencia revela la doble moral, si se puede llamar así, que muchos de nosotros tenemos y de lo cual no nos percatamos porque somos perezosos y porque la rutina de “la vida” parece, sin ni siquiera ser una justificación consistente, que nos impide pensar. Cómo es posible que algunas personas digan “no hay mal que por bien no venga”, como si pudiéramos esperar que el bien, de naturaleza totalmente opuesta al mal, pudiera generar su propia destrucción, naturaleza esta del mal, o la frase “No hay bien que por mal no venga” tal vez metafísicamente y algunos creemos que hay una excepción pero, en general, no se puede esperar, todo esto de acuerdo al principio de identidad y consecuentemente al de “no-contradicción” que el mal provoque un bien, es decir, que no se puede afirmar o negar un predicado –obviamente a un sujeto- al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto (principio de no-contradicción) entonces, si al mismo tiempo no es posible que el mal provoque un bien, porque si no el mal cambiaría de naturaleza entonces no queda más que interpretar la frase “en el tiempo”, o sea, que de acuerdo con el orden establecido por las cosas, en este mundo, tal vez el ser humano experimente un bien aún y después de haber pasado por un mal, dándose, tal vez, por consuelo psicológico la creencia de que una cosa provocó la otra, ambas de naturaleza totalmente contraria. Esperando que las cosas fluyan como por una especie de relación causal y no casual, como por una especie de relación necesaria digna de explicar no de los actos y decisiones humanos sino los hechos de la naturaleza, de las leyes físicas, de los instintos, etc.

El problema que se observa a nivel internacional es que se juzga a medias y en intervalos de tiempo, como si tuviera miedo el juzgante, y ni mucho menos se juzga el caso “x” huelguista ya que este acto es visto con buenos ojos, como heroísmo; lo anterior, se ofrece porque ante la rutina que se desprende de los últimos acontecimientos históricos –las guerras mundiales y le desaparición de los bloques comunistas- la gente y, por supuesto, los políticos, necesitan de sus héroes que los salven de la gravidez de la monotonía existencial que la libere de la depresión –grosso modo- que le provocan sus preocupaciones y de la ausencia de un sentido histórico precisamente ha sido desarraigado porque la historia que se ha pintado últimamente es de ‘relativa calma’, al menos de este lado –occidente- hace que las personas “piensen” que todo fluye independientemente de sus voluntades particulares, no se piensan como agentes de la historia sino como sus sujetos-objeto. A los políticos les conviene motivar los héroes personalísimos y sin contacto y trascendencia social aparente para que las personas crean que con la simple “crítica” contribuyen a mejorar la sociedad es, al fin y al cabo, una crítica predeterminada no por los “criticones” sino por aquellos que dicen qué se debe de criticar y qué no; así, los políticos quedan legitimados y son susceptibles de ser identificados “de buena manera” con el pueblo y, de esta forma todos, aparentemente, salen ganando. El pueblo solo critica “lo criticable”.

En conclusión, el Estado, concretamente gobierno, está llamado a salvaguardar los derechos humanos sin excepción de personas como de situaciones, incluidas en éstas las intenciones. El Estado debe de obligar a sus miembros a vivir si éstos no lo quieren hacer por su propia voluntad. La vida no es un bien disponible, es la base del orden social y, por supuesto, de una organización democrática.