Liberalismo y matrimonio

Por simple observación, me he percatado de que el concepto de matrimonio como contrato dista, en buena medida, de ser aplicado en todo su alcance legal, al menos, en lo que se refiere, primero, a la actitud de los contrayentes para este acto jurídico y, segundo, en relación a la forma de terminarlo, en cuanto tal actitud es cualitativamente distinta, es decir, la faceta esencial-legal casi automáticamente cobra vida ante un proceso de divorcio pero es limitada en su alcance justo antes de celebrarlo.

¿Cuál es la razón de lo anterior? ¿Tendrá que ver el término “matrimonio” con la actitud anterior a contraerlo y la posterior, al disolverlo? ¿Por qué hay dualidad en cuanto a los alcances del mismo? ¿Es indispensable conservar un término en su marco legal como se utiliza en la actualidad?

Para tratar de contestar a dichas interrogantes voy a abordar, primero, un antecedente de la discusión actual acerca del “matrimonio civil” que ha surgido recientemente a propósito de la propuesta enviada por Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de México, aunque, afortunadamente, fue rechazada y tratada como un asunto cuya prioridad fue menor. Los temas que implicaba eran relacionados con el reconocimiento general del “matrimonio” homosexual y la adopción. Aún y lo anterior, voy a tratar no el contenido de la propuesta del mandatario sino otra faceta relacionada con la que voy a demostrar una doble moral, en sentido reclamante, base que servirá para hablar, en segundo lugar, del aspecto actual de la cuestión, reiterando el análisis de la actitud cultural que rodea a tal acto jurídico.

Bien, empezando por el siglo XIX tenemos dos posiciones netamente claras durante este periodo: los conservadores y los liberales. Las cuales, dejando de lado las posturas netamente gubernamentales y económicas, se concretan en permitir o restringir la forma de concebir el mundo a través de las tradiciones, por ejemplo, la postura conservadora no permite la intromisión del Estado en los asuntos de la Iglesia en lo concerniente a la organización interna y en la limitación de las tradiciones populares relacionadas con la expresión religiosa. Por el contrario, la postura liberal no solo reconoce la libertad de cultos en la Constitución de 1857 sino que, además, apoya la regulación restringiendo las actividades de la Iglesia en diversas facetas, afectando no solo la dinámica interna sino también la expresión popular. Todo esto provoca no solo un distanciamiento interinstitucional sino una desconfianza en las instituciones reguladoras de la expresión mencionada.

En este contexto, en concreto, el legado de la Reforma no solo fue el principio de la separación Estado – Iglesia y lo que institucionalmente implica para el gobierno, sino que también heredó una forma de conciencia que no fue del todo equitativa en relación a la parte conceptual que se debía de respetar de uno y otro bando. Así, de forma popular, la expresión bíblica, tomada solo como ejemplo: “A Dios, lo que es de Dios y al César, lo que es del César”, fue interpretada a modo según los lineamientos liberales, limitando los alcances teológicos que por sí tenía ya la frase. Lo que evidencia un tipo de cinismo al tomar prestados conceptos cuya fuente original, en tal época, era bien conocida junto con la forma de interpretación, presentándose ahora deformados por motivos de poder.

Ahora, hablando del tema directamente propuesto, la institución del “matrimonio civil” como una medida de separación o delimitación de las competencias entre el orden que se ocupa del ámbito “eterno” y del que cumplimenta el “temporal no fue sino una apariencia. Me explico, la cosmovisión de aquel entonces respaldaba la idea anterior al surgimiento claramente diferenciado de la ideología liberal sobre el término en cuestión, es decir, “matrimonio” se refería, indudablemente, a la unión de un hombre y una mujer desde la óptica eclesial exclusivamente, por tanto, no existía la posibilidad de pensar más allá del círculo liberal e ilustrado en que se utilizara el término “matrimonio” como parte del fuero civil y legislado bajo la forma de un contrato solemne ante un oficial del Registro Civil.

La doble moral no radica, entonces, en quien siendo católico denuncie la falta de adecuación del término y concepto comentado no solo al tiempo en el que surgieron las reformas, sino a la misma actualidad. Y eso que no estoy especificando sobre los términos que se han añadido más por moda que por necesidad teórico-ideológica en la comprensión de tal idea.

Los liberales en aquella época no eran sino un pequeño grupo de personas cuya referencia era la ilustración francesa e inglesa, una ideología que pronto enmascararían bajo la forma del liberalismo económico-político y hasta el más crudo positivismo comtiano excluyente de la realidad fenoménica de la religión sustituyéndola por el culto, a través de la educación, impositiva diría yo, de ciertos valores como forma de redimir los propios errores gubernamentales bajo el pretexto del progreso como fin y el orden como medio.

El que las iniciativas juaristas florecieran no se debe tanto a la originalidad y conveniencia en vista de la bondad de la ideología liberal, sino al mantenimiento de la posición de poder con exclusión, de forma sectaria, de quien teniéndolo (el poder) no excluye per se a la autoridad civil, sino que convive con ella.

Benito Juárez y sus secuaces tomaron el término “matrimonio” quitándole la nota de “sacramento” y afectándolo con características, digamos, mundanas al asignársele la calidad de “contrato”, vaya, ni siquiera muchos liberales de hoy se creen tal papel al que relegan para los excéntricos “artistas” que se dan el lujo, por excepción, de citar cláusulas que tan pronto son puestas en entredicho por los medios de comunicación que se dedican al chisme.

Si el término que comentamos era patrimonio histórico, de acuerdo a la época de la Reforma juarista, de la Iglesia o, en general, del cristianismo, entonces, ¿por qué carajos el señor Juárez adapta al plano legal-civil una palabra que, seguramente, era de conocimiento y en referencia a la citada religión? ¿de dónde proviene, entonces, la doble moral? ¿acaso no se le podía haber ocurrido al grupito liberal apropiarse de otros términos para describir la unión de un hombre y una mujer con determinadas consecuencias legales y reguladas por un Código Civil?

Se me ocurre una explicación al respecto, no por ello justificación: no había opciones conceptuales. Parece que esa es la razón aparentemente convincente para no pensar tan mal de la intención de nuestros héroes nacionales. Tal vez, por eso, es tan similar hablar de los requisitos de existencia y de validez (y nulidades) de los actos jurídicos como el matrimonio civil y las disposiciones canónicas; uno podría preguntarse ingenuamente ¿Quién rayos le copió a quién? Solo que en el eclesiástico no hay nulidad absoluta sino inexistencia. Si hablara de la “mala fe” de quien fue uno de nuestros connotados representantes del periodo de la “Reforma liberal”, entonces, podría pensar, con todo derecho, en que la palabra “matrimonio” se acomodó muy a modo por desquite dirigido hacia la Iglesia Católica, ya que la opción más viable en aquel entonces era el término “Sociedad conyugal” como sustitutivo civil de regulación del matrimonio eclesiástico, el cual deja a salvo la calidad específica sacramental de este último. La “sociedad conyugal” en la actualidad es un régimen especial que asume el “matrimonio civil” con relación al estado patrimonial, es decir, el conjunto de bienes de los esposos y su relación con el cumplimiento de ciertas obligaciones cuantificables. Pero este último concepto estaba fuera del alcance de los reformadores, nada que ver, entonces, el régimen de separación de bienes como referencia de oposición al de la sociedad comentada, aún y cuando en aquel momento la teoría de la sociedad o, mejor dicho, de las personas morales, junto con términos como sociedad, asociación, etc., no eran ajenos a la circunstancia mexicana como para descartarlos totalmente de la vida civil de las personas individuales, quienes hubieran, de habérseles ocurrido a los grupos liberales de aquel entonces, tenido la posibilidad de haber hecho una vida en convivencia bajo la nominación de “Sociedad conyugal” sin mayores problemas incluso en la actualidad, ni siquiera importaría el sexo o género, me da lo mismo, como inconvenientes que serían mínimos en comparación con el ansía imitativa ilógica o, por lo menos, alógica de buen número de personas que utilizan el término matrimonio hasta para fenómenos que inmediatamente exigirían un concepto distinto o alterno, en vez de sacrificar el sentido común que da nombres concretos a hechos concretos, o la lógica tradicional respecto a la ley de la extensión y comprensión.

Así es, el concepto de “Sociedad conyugal” no como régimen opcional dentro del “matrimonio civil” sino como un contrato generador de derechos y obligaciones entre dos personas que cohabitan juntas compartiendo afinidades con sentido vital, sería una opción perfectamente regulada por el Estado – gobierno ad-hoc a la situación actual, ya que evitaría los problemas que se desprenden de las reformas intentadas tanto por los grupos liberales de hoy día como algunos de los grupos de izquierda en México.

Con el concepto de “Sociedad conyugal” no sería necesario no solamente hablar de “matrimonio” fuera del ámbito eclesiástico sino de otro tipo de denominaciones que a más de uno siguen incomodando como intentos de flexibilidad o adaptación: gaymonio o, menos peor, homomonio. El concepto propuesto, en realidad no es nuevo, se trata de una asociación de dos personas que se puede pensar como conjunto de elementos práctico-conceptuales que no implican pensar forzosamente en un sacramento, cual es independiente para los creyentes, y no redirige a la tradición a quien sea creyente en otra religión y, mucho menos, a quien sea ateo. Por lo tanto, la concepción estatal tendría valor y origen propio.

Una denominación similar que me parece digna de considerar como alternativa es la de “Sociedad de convivencia”. El detalle con ésta es que formó parte de la bandera de la izquierda en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Difícil deshacerse de la carga histórica ya impresa en ella; pero, quien escribe estas líneas, si reconoce lo difícil de cambiar el uso cotidiano del término “matrimonio” al ámbito civil, también sostendría la facilidad mayor de adaptación del término propuesto aún por tales grupos.

Cuando hablamos de democratizar a las instituciones, las primeras que deberían de observar tal proceso son las del Estado-gobierno, pues el concepto se aplica al ámbito político temporal, mas no constituye en sí misma una exigencia a las instituciones cuyos fines últimos son eternos, pero, como están anclados en el mundo en su peregrinar, son obligadas por tal concepto en términos de respeto, tolerancia-negativa para con la representación de la sociedad. De esta forma, el concepto de “matrimonio” no tiene por qué democratizarse, es decir, no se le puede exigir a una iglesia que adopte de forma interna lo que no es sino un concepto de alcance político. El término “matrimonio” tal y como lo maneja la Iglesia católica obedece al resultado de una dinámica interna de tal institución religiosa en su propio proceso de adaptación independientemente de los criterios político-temporales. El problema en la actualidad, como ya lo hice notar, es que en el ámbito civil se han utilizado términos cuya competencia original era de otros actores históricos, y el que se está tratando ahora es un claro ejemplo de pérdida de límites conceptuales e institucionales.

Una muestra que evidencia la problemática que plantea el término que hemos estado comentando, en relación con la ausencia de límites en el plano conceptual-institucional, es la falta de consideración independiente del matrimonio como institución sacramental de la Iglesia católica y el “matrimonio civil” como institución de asociación individual del régimen jurídico estatal. Concretamente, basándome en los simples hechos, la tradición por la cual dos personas contraen matrimonio tiene como antecedente el del noviazgo. Esta sub-institución tiene, a su vez, variantes de práctica consuetudinaria que dependen tanto del contexto geográfico como del cultural, aunque sigue teniendo ciertos rasgos en común para identificarlo. La cuestión estriba en que la sociedad, en general, ha promovido un comportamiento cargado de elementos heredados y transmitidos a través de la educación que consiste en el mutuo conocimiento de dos personas de diferente sexo, con cierta edad de referencia y en el cual, en potencia, tiene la formalización de la relación en una futura convivencia reconocida por la sociedad a través del matrimonio.

¿En qué piensan los futuros contrayentes cuando en el noviazgo se les presenta la posibilidad de formalizar su relación al escuchar la palabra “matrimonio”?

Me atrevo a responder. Los futuros contrayentes, sin necesidad de perder el piso, como se suele decir, pueden pensar en toda la comunidad de cuestiones sujetas a resolver en pareja, debido a la afinidad que causa el que estén unidos en el noviazgo. Idealizar la situación tiene, digámoslo así, dos sentidos: el que evita una especie de premeditación sobre las posibles ventajas de contraer nupcias desde el punto de vista netamente utilitarista, decisionista, que promueve, por tanto, un relativo y sano pensamiento en común, en pareja respaldado por la costumbre y por la religión en las cuales no se descarta el consejo realista representado por los parientes, las personas cercanas y por el mismo proceso social. El otro sentido de la idealización del matrimonio, el cual considero altamente perjudicial, es la presentación no de una serie de ideales dispuestos a compartir y alcanzar por parte de los futuros esposos, sino la idealización individual y material al estilo netamente maniqueo, es decir, la exageración en la consideración de las tradiciones que implica desde la preparación a la ceremonia, la luna de miel, el número de hijos, etc., hasta cuestiones triviales que minimizan los posibles problemas en pareja que la realidad impone no como desventura sino como simplemente de facto y que implica, a la vez, el reto y la oportunidad de conocer al otro a través de la discusión. Este sentido maniqueo plantea una serie de dificultades que, sinceramente, no podré mencionar en su totalidad en este escrito breve, pero solo señalo dos cosas con respecto a esto: la influencia muy marcada de los medios de comunicación, sobre todo el referente a la industria del entretenimiento, que maximiza el “amor” de novela que sintetiza la frase “vivieron felices para siempre” la idealización irreal del hombre como “rey” o “príncipe” y de la mujer como “reina” o “princesa” bajo un esquema, en muchos casos, soportado materialmente por la apariencia no solo del ir “vestida de blanco” sino también de los gastos exuberantes soportados, como si por sí mismos fueran una garantía del éxito matrimonial.

Ninguna de las dos caras idealizadoras que he comentado acerca del matrimonio da para pararse un momento y pensar, como futuro contrayente, que se trata de una dualidad social que se va a vivir en pareja. Y digo “dualidad” porque, lamentablemente, se utiliza así tan pronto como sacramento y a la vez como contrato, aunque, en realidad, esta última faceta representa para muchas personas solamente un acto burocrático que no le hace ni siquiera un poco de justicia al pensamiento liberal que lo originó. Así es, la idealización impone por costumbre una visión del matrimonio realista, sí, pero con muchos límites que no alcanzan a ser visualizados en términos contractuales, peor aún, como expuse en la segunda cara de la idealización, esta impone a través de la propaganda, medios de comunicación, etc., una visión consumista del asunto. No obstante, debo reconocer, que la primera faceta expuesta puede acercarse más a la consideración del matrimonio sin minimizarlo en su acepción civil, pero es difícil concretarlo en términos contractuales tal y como fue propuesto por los liberales de antaño y que no pocos de ellos sostienen todavía en la actualidad, queriendo seguir utilizando el mismo término, pero ahora bajo pretextos de tolerancia y respeto a la diversidad. Es dable, según la primera faceta, pensar en una sub-institución familiar llamada “patrimonio familiar” que pecuniariamente garantiza un mínimum inembargable por si existiese un imprevisto del mismo carácter, es decir, este plano contemplado en la legislación civil es factible y comunicable en pareja, por lo menos este es un acercamiento a la naturaleza civil pensable en el matrimonio como origen de una posible familia. Similar acercamiento al conjunto de la legislación, más allá del plano únicamente civil, es el conjunto de prestaciones dadas a cierto tipo de personas en su protección colectiva a cargo del Derecho Social y por vía del Derecho Administrativo, como ciertas ayudas intersecretariales destinadas a subsanar deficiencias en diferentes áreas como educación (becas) trabajo ( guarderías) y salud ( programas específicos) pero este tipo de, digamos, acercamiento de la pareja matrimoniada con aspectos diferentes del Derecho Civil no supone conflicto entre los cónyuges sino una situación de afinidad en el aprovechamiento de ciertas prerrogativas sociales.

La pregunta previa que se le puede formular a los futuros contrayentes, después de que expresan sus sanas intenciones de formalizar su relación a través del matrimonio es ¿bajo qué régimen se van a casar, por bienes separados o por bienes mancomunados (sociedad conyugal)? Las respuestas han de ser variadas, según el grado de información de los susodichos y van desde “según la ley, automáticamente nos casaremos bajo el régimen tal o cual”, dando por sentado y sin previo juicio que tienen el derecho (en su caso, la obligación) de modificarlo en el momento que les parezca oportuno, cuestión que no pasa por su mente, en la mayoría de los casos, sino hasta que se presentan los problemas, sobre todo en el divorcio. La idealización del otro y de la situación impide, hasta cierto punto, pensar en este tipo de consideraciones, lo cual vuelve a ser la pauta para que nos preguntemos si no sigue siendo exagerada la intervención del Estado-gobierno en la regulación de una conducta utilizando un término (matrimonio) que no es visto, bajo el sentido común, en todas sus facetas como realidad jurídica. Es como si se presentara la creencia mítica de que no es dable preguntar acerca del matrimonio como contrato porque es opuesto al “amor” que se le tiene a la pareja, amor que se piensa incondicional, maniqueo y novelesco a la vez, que evita pensar en la realidad de la posibilidad del divorcio más allá del festejo y de otra serie de conflictos normales de hecho.

La pregunta clave, cuya respuesta me hace confirmar el punto de la exageración del uso de la palabra “matrimonio” en la legislación civil es, una vez dada la promesa de casamiento entre los cónyuges al ser comunicada: “¿cuál o cuáles serán las cláusulas que van a poner? Puesto que se trata del matrimonio civil como un contrato, entonces, es posible que contenga cláusulas. Cuál cree usted que va a ser la respuesta. De plano, la sorpresa no se hace esperar ya que al no ser común la pregunta, no es de extrañar tal reacción. El mito que vuelve irreconciliable la cuestión con el amor incondicional se hace presente e incluso se vuelve sospechosa no solo la pregunta sino quien la formula, como si fuese alguien cuyas malas intenciones empiezan a hacerse evidentes. Cuando el contenido de la pregunta se plantea desde afuera, como cuando se está en el papel de mero espectador, como suele suceder con los programas de chismes sobre las “estrellas” de la televisión, no espanta y tampoco genera una reacción semejante a la expuesta; se suele suponer en el plano de la excentricidad de quienes se casan más por conveniencia socio-económica que por amor, por lo que la posibilidad que plantea la realidad legal del contrato de matrimonio pasa desapercibida o, peor aún, al ser interrogado sobre la misma, el espectador utiliza su propia moralidad para mostrarse como auténtico y superior al “artista” puesto en evidencia no solo ante el espectáculo del matrimonio sino más aún del divorcio, como si el espectador tuviese cubierto un aspecto afectivo-auténtico de la realidad que lo salva del cuestionamiento legal por colocarse en un nivel ético “superior” debido a su desinterés amoroso.

Lo anterior es una prueba, digamos, hasta cierto punto contextual, de la forma en la que es percibido el matrimonio por una buena parte de nuestra sociedad y que no refleja de forma preventiva un enfoque respaldado por una cosmovisión que considere el aspecto legal de tal institución. Solo se suele atender al aspecto reparativo o restaurador justo cuando los problemas derivados del matrimonio son inminentes o, de plano, cuando ya estamos hablando de un divorcio.

Hay quienes pueden objetarme utilizando como término de referencia el de la “cultura” usado como si fuese un simple comodín, como suele hacerse ante una cierta variedad de problemas sociales. Ejemplificando su uso, “se requiere cultura de prevención en las parejas para que no lleguen al extremo de divorciarse…” otra, “no es necesario modificar el uso del término ‘matrimonio’ por uno equivalente sino, más bien, promover una cultura que concientice el papel de los esposos y la posible inclusión de cláusulas en el matrimonio”.

Mientras se siga usando el término matrimonio en dos facetas, tanto en el aspecto eclesiástico como en el maniqueo aprovechado por la idealización promovida por los medios de comunicación, es difícil pensar en una posibilidad real de generar, al menos desde el gobierno, una estructura mental comunitaria sobre el aspecto legal del contrato civil que se ha estado comentando. El término referido a su uso religioso, por lo pronto, en buena parte de nuestra sociedad mexicana y, me atrevo a decir, en aquellos países donde la religión católica prevalece como cosmovisión aún parcial, está sujeto a una dinámica distinta de las acciones ideológicas que provienen del gobierno in abstracto, o de los gobiernos liberales, concretamente hablando. La Iglesia católica, nos guste o no, sigue siendo parte de la representación colectiva que interpreta parcialmente la realidad del matrimonio como una costumbre común y factible por un buen número de hombres y mujeres. Es más, no solo esta creencia sino otras tienen en alta valía la institución en comento como parte de las finalidades esenciales que cualquier ser humano, por vocación, debiera de elegir. Según lo anterior, es más factible cambiar el término “matrimonio” por el de “sociedad conyugal” o, con ciertas limitaciones e injerencias políticas, el de “unión de convivencia” para darle todo el alcance y promoción a una figura jurídica que protege la sociedad o unión entre personas que comparten no solo cierto tipo de fines sino hasta comunidad de intereses de orden vital y de autorrealización.

Por otro lado, reconozco que el aspecto maniqueo comercializable del matrimonio se desprende en su origen del religioso pero no directamente sino como su pretexto; un concepto que ha sido manejado como un producto mercantil sobre todo en buena parte del siglo veinte y que aprovecha las ventajas primero de la radio, luego de la televisión y hasta ahora del internet, medios rodeados de marcas comercializadoras de una promesa incuestionable y cargada de elementos materiales evasivos de una posibilidad real del fracaso, mismos que no aligeran de los gravámenes superficiales pero, en cambio, disminuyen la capacidad de asimilar la frustración con un rango menor de su soporte comparado, al menos, con otras generaciones que no veían aún la posibilidad de un divorcio administrativo porque, o no existía o, existiendo, la posibilidad era absorbida por el régimen ideológico religioso. De esta forma la capacidad actual para resolver los problemas es distinta, en cuanto al nivel de sufrimiento soportable, al de generaciones anteriores. Los medios de comunicación y las generaciones de hombres y mujeres jóvenes que no se percatan del tipo de ideas que anexan al concepto de matrimonio, forman una especie de círculo vicioso que solo en parte ha sido roto desde la esfera gubernamental al hablar de la disolución del matrimonio como posibilidad real y pensable por quienes hoy día lo contraen legalmente. Pero esto solo desarrolla el aspecto reparativo, pero no el preventivo. A pesar de que el gobierno tiene una competencia fuerte para poder hablar del matrimonio legal y la correspondiente posibilidad de incluirle cláusulas, tan solo se ha limitado a legislar las soluciones “exprés” para darle fin a lo que no es sino un contrato, en cuanto causa anómala de extinción de las obligaciones entre los cónyuges. La visión maniquea, idealizadora casi en extremo y, por ende, enajenante del matrimonio es representada por grupos de poder que ven en él una de sus principales fuentes de ingreso e interés, un término disputado por dos referencias políticas: el gobierno, ahora y sobre todo en la izquierda, y algunos empresarios privados.

De todo lo anterior, me bastan las siguientes conclusiones:

La ideología liberal, representada por diversos grupos políticos en el siglo XIX, no tenía derecho de regular una conducta asociativa utilizando un término que, evidente y exclusivamente, tenía una connotación religiosa. Es momento en el que todavía, en pleno siglo XXI, varios liberales no son capaces de reconocer el aporte ideológico de la religión en el desarrollo de nuestro país y, más aún, se empecinan en tratar la institución comentada sin mayor reparo, traicionando hasta a su propia ideología. La izquierda lo hace, pero por motivos netamente pragmáticos, tal concepción originalmente se opone (véase a Engels) al socialismo original que reniega del “matrimonio” como institución religiosa. Los socialistas deberían, por coherencia, eliminar de su uso laicista el término en comento. Por esto, la doble moral no proviene, por origen, de los creyentes católicos, sino de los grupos liberales y de quienes se dicen paladines de la izquierda en México. Por lo anterior, propongo que el sustantivo compuesto “Sociedad conyugal” sustituya al de “matrimonio” en el ámbito legal-civil, ampliándolo de acuerdo a la ley de la extensión y comprensión.

Es perjudicial la dualidad de pensamiento del término “matrimonio”, tanto como sacramento como por su concepción contractual, esta última pasada por alto por virtud de la idealización maniquea que no deja, por diversos intereses, pensar en la faceta legal de tal acto jurídico. Esto muestra que el término comentado debe de eliminarse y suplirse, en su caso, en la legislación civil y permitir, de esta manera, un sano pensamiento legal-individual del contrayente, para enfocarse en el acto con una actitud preventiva y no solo reparativa causada por el divorcio.